La crisis institucional por la renovación del Constitucional

La crisis institucional que enfrenta al Parlamento, el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el cambio en el modelo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se ha convertido en un tema de gran relevancia en el panorama político español en los últimos meses donde los medios de comunicación han informado de manera continua sobre la situación.

La polémica comenzó hace cinco meses, cuando PSOE y Unidas Podemos introdujeron dos enmiendas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para desbloquear la renovación del Constitucional.

La primera elimina la mayoría de tres quintos en el CGPJ para nombrar magistrados al Constitucional, lo que permitiría un sistema de votación individual, mientras que la segunda elimina el examen de idoneidad de los nuevos magistrados del TC y habilitaba la opción de renovar por sextos y no por tercios.

El bloqueo de los vocales conservadores del CGPJ impide el nombramiento de los dos magistrados del TC que corresponden al Consejo, lo que justifica estos cambios legales. El desbloqueo de los nombramientos en el CGPJ permitiría la renovación por tercios del Constitucional y un cambio de mayorías en el tribunal en favor de los progresistas, justo cuando el tribunal tiene pendiente de revisar recursos contra las leyes más sociales del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Partido Popular presentó un recurso de amparo ante el Constitucional para frenar los cambios en el poder judicial y el propio TC, mientras que PSOE y Unidas Podemos piden personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo.

El órgano aceptó, por seis votos a cinco, un recurso del PP contra dos enmiendas de los partidos del Gobierno a una ley en trámite, en las que modificaban el sistema de elección de los candidatos al Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial.

El auto del Constitucional aplicó medidas cautelarísimas y paralizó el trámite parlamentario, que ya superó el paso por el Congreso anteriormente, y que posteriormente tenía previsto ser aprobado definitivamente en el Senado. Consideró que la forma en la que estas enmiendas estaban siendo tramitadas vulneraron los derechos de los diputados 'populares', pero no entra en el fondo de la reforma.

El TC ha utilizado distintos canales de comunicación para informar a la opinión pública y a los medios de comunicación sobre la situación. Ha realizado ruedas de prensa y ha emitido comunicados.